CARTA ABIERTA AL SEÑOR ALAN GARCÍA PÉREZ,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

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“Alan García Pérez: [Para la elección en la] Contraloría General de la República […] solicitaré a los colegios profesionales y los grupos políticos con representación en el Congreso, propuestas sobre una personalidad confiable y ajena por completo al partido de gobierno y al gobierno mismo.”(1)

Luego de siete años de ejercicio, el Contralor General de la República, señor Genaro Matute, terminará sus funciones el próximo 29 de octubre. El Perú requiere que el sucesor del responsable del órgano superior del Sistema Nacional de Control (2008-2015) sea reflejo de una verdadera voluntad política del actual gobierno de luchar contra la corrupción y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

El cargo de Contralor General de la República, es vital en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, al ser el encargado de establecer las políticas del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, institución encargada de supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos de todos los peruanos así como prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos penales y determinar las responsabilidades emergentes de los servidores públicos para ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

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Giancarlo Castiglione / Responsable del Área de Desarrollo Social Participativo de FSP / giancarlo@psf.org.pe

Dada la inminente aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC), el Congreso de la República decidió “delegar”, mediante la Ley 29157, la facultad de legislar al poder Ejecutivo, en lo referente a la implementación de Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos.

La delegación de facultades ha originado la elaboración de alrededor de 105 decretos supremos por parte del Ejecutivo. Es decir, la principal función del Congreso de la República es la de legislar, y este cede su principal función a otro poder del estado. ¿Por que sucede esto? ¿Tan ineficiente es el Congreso, que ellos mismos lo reconocen y ceden esa posibilidad?

Este hecho tiene dos significados. De un lado y más grave, la distribución del poder y la autonomía de los órganos de Estado se pone en apuros una vez más, en tanto se trastocan sus roles esenciales. De otro lado, un conjunto de burócratas designados arbitrariamente – es decir sin representación alguna - proceden a generar normatividad sobre el intercambio comercial que compromete a todas las regiones y a diversas generaciones de peruanos. El poder ejecutivo estaría concentrando así el poder de legislar bajo la excusa del Acuerdo de Promoción Comercial, antes conocido como Tratado de Libre comercio (TLC), pasando por encima de los representantes del poder legislativo: los parlamentarios.

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Lic. María José Romero / Monitor de IFIS
Instituto del Tercer Mundo /Uruguay

El Banco del Sur es uno de los tres soportes de la nueva arquitectura financiera regional en Suramérica, junto a un Fondo del Sur y a una Unidad Monetaria Suramericana. Este banco pretende ser una expresión de soberanía e independencia financiera y además una entidad que financie otro tipo de integración con énfasis en soberanía energética, seguridad alimentaria y comercio intraregional. Sin embargo, tras su creación han surgido una serie de hechos y debates que nos muestran que el camino no es del todo fácil.

La creación del Banco del Sur se oficializó el 9 de diciembre de 2007 en Buenos Aires, Argentina, cuando los presidentes de los siete países miembros, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay firmaron el acta de fundación de la institución. A partir de ese momento, la Comisión encargada de los aspectos técnicos del Banco se fijó como cometido acordar una propuesta de convenio constitutivo en 60 días. Sin embargo, dicho plazo fue superado ampliamente sin que la Comisión arribara a una propuesta de consenso. Tal como afirma Gabriel Strautman de Jubileo Brasil, los debates han estado marcados por disputas entre aquellos que apuestan a la idea de ruptura con relación al sistema financiero internacional y aquellos que creen en el respeto a las reglas impuestas por las finanzas globalizadas y que, por tanto, ven en la institución multilateral regional apenas una nueva fuente de recursos para antiguos proyectos.

Los acuerdos políticos y técnicos, en torno al aporte de capital y gobierno del Banco son dos de los temas más controvertidos. En este proceso, la reunión celebrada en Montevideo el 25 de abril de este año constituye una instancia fundamental. En dicha ocasión, los ministros de finanzas de los diferentes países acordaron el aporte de capital de los países miembros del Banco. Se crearon tres franjas a fin de contemplar las asimetrías existentes entre los países del bloque. En el primer grupo se encuentran Brasil, Argentina y Venezuela, países que aportarán 2 mil millones de dólares cada uno. En el segundo grupo están Uruguay y Ecuador que aportarán 400 millones. Mientras que en el tercero se encuentran Paraguay y Bolivia, que aportarán 100 millones. Por tanto, esto confirma el comienzo de las operaciones del Banco con 7 mil millones de dólares de capital. Esta resolución debía ser aprobada por Argentina y en esa ocasión no fue considerada la forma de gobierno que se le dará al Banco.

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Ricardo Soberón Garrido / fusa10@hotmail.com
Analista internacional, del Trasnational Institute de Holanda (TNI)

Mientras un sector de la prensa peruana ha venido sosteniendo denuncias por el establecimiento de una base militar por parte del Comando Sur en algún lugar del territorio peruano, el gobierno del Presidente García ha venido rechazando tal versión. Esto fue aprovechado por el Presidente boliviano Evo Morales, para hacer la misma denuncia, lo que ha llevado al deterioro de las relaciones con Bolivia. Este incidente constituye una evidencia más del nivel de oposición, polarización y antagonismo que se vive en la región andina, en desmedro de la CAN y otras formas institucionales de carácter regional, particularmente en relación a la seguridad y la defensa.

Lo cierto es que el convenio con el Ecuador –para el uso de la Base de Manta con fines de interdicción antinarcóticos- llega a su fin en el 2009, no va a ser renovado por decisión del gobierno del Presidente Correa. Por lo tanto, el Comando Sur de los EE.UU requiere encontrar un reemplazo para continuar sus esfuerzos de interceptación e interdicción en aguas del Pacífico. El momento es más que propicio, por las circunstancias que Colombia -con el apoyo tecnológico de EE.UU- viene golpeando seriamente la infraestructura de las FARC, como lo acreditan los hechos ocurridos en territorio ecuatoriano el 1 de Marzo, con la muerte de Raúl Reyes y la posterior liberación el 3 de julio, de Ingrid Betancourt, así como otros 14 rehenes.

Por la parte peruana, debemos decir que no hay una historia importante de relaciones entre las FF.AA con los EE.UU, salvo la Marina de Guerra. Nuestra estructura castrense, es predominantemente propia del período soviético (armamento, doctrina). Sin embargo, desde la llegada al poder de Alan García, en su versión recargada, esto parece llegar a su fin. El hecho que el Comando Conjunto esté en manos de oficiales la Marina, así como el origen institucional del propio Vicepresidente Giampietri, nos ha venido acercando peligrosamente a la doctrina, visión e intereses de los EE.UU en la región andino amazónica. De hecho, se ha producido un impasse entre los oficiales navales de escritorio que desde Lima, diseñan los proyectos de ley y las propuestas legislativas (reglas de enfrentamiento y uso de armas de fuego, Plan VRAE, Putumayo, etc), desde el Comando Conjunto, con las unidades operativas del Ejército, a lo largo y ancho del territorio nacional (VRAE, Alto Huallaga). El temor a las responsabilidades por violaciones a los DDHH, está siempre presente entre los que diseñan y los que operan en el terreno.

Esta vez las comunidades campesinas e indígenas del Perú

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Mirtha Vásquez / GRUFIDES / www.grufides.org

El martes 20 de mayo del presente año, Alan García, Presidente del Perú, ha emitido el D.L 1015 que según se enuncia busca ¨mejorar la producción y competitividad de las comunidades campesinas e indígenas¨.

El Decreto Legislativo reza ¨para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales… se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.”

Del análisis de este artículo es claro que lo que busca es facilitar la venta de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas y por ende progresivamente lograr su disolución.

Con la ley derogada se necesitaba para efectos de disponer de tierras el voto del 66% ó 2/3 partes de los comuneros calificados, pero la nueva norma reduce esta cantidad al 50%, no de los comuneros calificados sino de los asistentes a una asamblea.

Como ¨Crónica de muerte anunciada¨ el Presidente García dio claros indicios previamente a adoptar esta decisión. En Octubre y Noviembre del año pasado, García publicó los famosos artículos ¨El Síndrome del Perro del Hortelano¨, en él criticaba duramente a quienes se oponían a las inversiones privadas y a la ¨puesta en valor¨ de los recursos naturales; se refirió expresamente a las tierras de las comunidades, llamándolas “tierras ociosas” porque decía que el dueño no tiene formación ni recursos económicos para hacerlas producir, calificó a estas tierras entonces de propiedades “aparentes”. Anunciaba entonces ya su decisión de quitarles a los pobres aquello único que tienen como riqueza, nada menos que por esa misma razón, el de ser pobres y no tener educación ni capacitación.